El aprovechamiento de los residuos que la sociedad genera es una oportunidad, una necesidad y una obligación a través del desarrollo de un modelo de economía circular a todos los niveles. Las ciudades y municipios se enfrentan a un reto que obliga a modificar su gestión y también a implicar de forma activa a la población. Sobre todo ello debatieron representantes municipales y profesionales en el desayuno coloquio organizado por Huelva Información con la colaboración de PreZero.

La delegada de medio ambiente en Andalucía occidental de la compañía, María Luisa Iglesias, destacó el valor que tiene la economía circular para responder a las nuevas normativas que regulan la gestión de residuos. Defendió no obstante lo mucho que queda por hacer puesto que “en España estamos muy lejos de ser circulares, de la tasa del 50% que ya tiene el resto de Europa”. Por ello, para acortar esa brecha defendió la necesidad de una colaboración “público-privada” con la que estrechar relaciones para acceder a los fondos europeos necesarios. Todo ello “con las personas en el centro porque el ciudadano es la clave de la economía circular”.

El encuentro ha girado en torno a dos mesas redondas. La primera de ella ha estado centrada en los retos y oportunidades que esta economía circular genera en Andalucía, contando para ello con gestores como Rosa María Tirador, diputada de medio ambiente de la Diputación de Huelva, Antonio Garrido, presidente de la Mancomunidad de la Vega de Sevilla, y Pedro Peña, gerente de Aguas de Huelva. Sobre el impacto de la nueva ley de residuos en los municipios debatieron en la segunda ponencia los alcaldes de Huelva, Gabriel Cruz, de Granada, Francisco Cuenca, de San Fernando, Patricia Cavada, de Nerva, José Antonio Ayala, y el teniente de alcaldía de Medio Ambiente de La Rinconada, José Manuel Romero.

La nueva ley implica la creación de un impuesto adicional, así como la exigencia de la recogida selectiva de residuos orgánicos. Para una entidad como la Diputación de Huelva que da servicio a municipios de todos los tamaños supondrá “nuevos escenarios, en el que tendremos que instalar contenedores y modificar las plantas de reciclaje”. En La Vega la problemática viene dada fundamentalmente por la operatividad “en una mancomunidad de más de 100 kilómetros que dificulta todo el proceso de recogida”. Garrido ha planteado la imprescindible implicación de los ciudadanos pues “por mucha tecnología o impuestos que apliquemos al final es vital incidir en la educación del ciudadano”.

Pedro Peña ha expuesto su experiencia con el suministro de agua en la capital onubense. Al tratarse de un bien escasos y de primera necesidad “hay que darle una segunda y tercera oportunidad”. Por ello pide abandonar el término residuo por el de “subproducto”. En su caso ha explicado como las antiguas depuradoras se han convertido “en eco generadoras” de recursos que vuelven a estar disponibles para la sociedad. El uso de la terminología ayuda a la educación de la sociedad. Tirador ha compartido que “es clave en la economía circular”.

Aguas de Huelva es un ejemplo de la colaboración público-privada que los tres ponentes han defendido. El presidente de la Mancomunidad de la Vega ha insistido en que “la lentitud de la administración es incompatible con las necesidades de algunos servicios” por lo que pide “agilizar leyes para facilitar la operatividad”.

La economía circular abre además oportunidades de empleo y negocio para Andalucía. Peña ha planteado la necesidad de aprovechar la financiación de los fondos Next Generation para avanzar en la digitalización de los procesos, encontrando el respaldo unánime de los ponentes. La nueva ley conlleva un tributo que entra en vigor en 2023. Rosado Tirador ha expuesto sus dudas sobre “el destino de esos ingresos”. Su reflexión ha enlazado de forma directa con la segunda mesa redonda de la mañana. En ellos, los representantes municipales han mostrado de forma mayoritaria la misma incertidumbre.

La evolución de la sociedad hacia modelos de consumo sostenibles queda fuera de cualquier debate. El apoyo es unánime. No obstante, la aplicación de la nueva ley de residuos ha abierto un diálogo con opiniones encontradas entre la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y las demás regidoras. La gaditana se ha mostrado como una firme defensora del nuevo marco legal mientras sus compañeros han pedido “una moratoria” que Gabriel Cruz considera necesaria para “resolver cuestiones clave” en la nueva normativa. La principal preocupación de los municipios es la financiación que exige la aplicación de la ley. En Granada “llevamos años trabajando en esa misma dirección, pero no puede ser que todo el coste recaiga sobre los ayuntamientos”. Los municipios “también tenemos que ser económicamente sostenibles”. Cuenca ha reclamado además “pedagogía” para reducir la emisión de residuos en el primer eslabón. Cavada se ha mostrado firme en su posición: “La ley es importante y llega tarde. Soy la única alcaldesa de España que no pide una moratoria”. Para la regidora de San Fernando un retraso es “no ser conscientes del problema que tenemos”. Ha pedido además que el foco se coloque “sobre los productores y no se aplican medidas para aminorar la producción de envases mientras se penaliza la compra a granel del ciudadano”.

En La Rinconada comparten que la normativa “debería haber llegado antes, pero ahora nos coge con el pie cambiado”. José Manuel Romero ha reflexionado sobre su impacto por “el esfuerzo económico para las arcas municipales, que se aplique en un año electoral con cambio de corporaciones y que recaiga sobre los ciudadanos”. El alcalde de Nerva y miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José Antonio Ayala, comparte las dudas de La Rinconada porque “no se puede aplicar por igual en grandes que pequeñas poblaciones”. Por eso la FAMP respalda “la moratoria” por dos razones: “Preparar a la población y saber realmente qué se va a hacer con el dinero recaudado”.

Gabriel Cruz ha ido más allá al señalar que “estamos hartos de leyes estupendas que no se pueden llevar a la práctica” porque “se cargan las medidas sobre los ciudadanos y los ayuntamientos”. La balanza “cae siempre hacia el mismo lado”. La aplicación de la normativa puede provocar un problema añadido a los ayuntamientos ya que “están en vigor contratos a 10 o 12 años que no se pueden tocar para adaptarlos y luego no sabemos dónde irá el impuesto que nos toca recaudar a nosotros”. Las dudas sobre la financiación las ha compartido su homólogo granadino, quien ha insistido en que “a todos nos la genera”. Patricia Cavada ha respondido a ambos al sostener que “el problema de la fiscalidad es una distracción del verdadero sentido de la ley”. Las posturas sobre el cobro del nuevo impuesto han sido inamovibles. Ayala ha insistido en que “no sabemos a dónde va a ir el dinero” mientras que en La Rinconada “tendremos que destinar 440.000 euros sin saber el uso que tendrán”.